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Editorial de Julio 2016

Con el juicio de Curuguaty perdemos todos



La sentencia del juicio del caso Curuguaty está condenada a ser cuestionada o rechazada por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Apenas conocidas las condenas ya se han hecho escuchar el alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y la expresión de preocupación de parte de países poderosos. Este hecho confirma las graves violaciones del proceso judicial y una abierta opción por ignorar a una de las partes en juicio: los campesinos, cuyas muertes en este caso no fueron investiga- das por la justicia.

Esta parcialidad y el manejo procesal fueron cuestionados desde el inicio de este juicio. Más aún porque se tiñó de connotaciones políticas, tanto por constituir un caso de lucha por la tierra con fuerte cuestionamiento sobre el origen de las mismas (originalmente fiscales que fueron a parar a un poderoso propietario privado) como por el desenlace de la masacre en el 2012, que se constituyó en la antesala del golpe que días después destituyó al presidente Fernando Lugo. Todo esto llevó a que se esperara una sentencia más política que jurídica, considerando además que ella ya estaba orquestada desde el principio.

Pero lo que no se esperaba es la actuación tan burda de los organismos que llevaban el caso. La alteración de la acusación fiscal (de homicidio en grado de tentativa a homicidio doloso) y la incorporación casi textual del alegato del Ministerio Público en la sentencia del tribunal demuestran la total falta de respeto al proceso y a la imparcialidad de la justicia. A esto se suma la severidad de la condena contra los campesinos presos sin haber arrimado pruebas suficientes que los incriminen.

Otro aspecto cuestionado fue la alevosa actuación de la justicia a favor de los intereses políticos y de facto, poniendo en evidencia una vez más que esa instancia de poder no está a favor de los pobres y los débiles. Su obrar, en este caso, expresa más bien el objetivo de amedrentar a la ciudadanía y a los movimientos sociales en la lucha por sus reclamos. En particular, la lucha por las tierras de Marina Kue así lo demuestra, porque el origen de ellas es fiscal, aunque Cartes haya aceptado como donación una propiedad que siempre fue del Estado.

En este marco de irregularidades y de defensa de los intereses de los poderosos, la administración de justicia en nuestro país erosiona una de las instituciones fundamentales de un Estado de Derecho, debilitando la democracia con un Poder Judicial que cada vez resulta menos creíble para la ciudadanía, según las mediciones que realizan tanto organismos nacionales como internacionales.

Tanto es así que por lo general los procesos judiciales no suelen capturar precisamente la atención y el interés de la sociedad civil, tanto es así que las irregularidades ya se toman casi con naturalidad. Y la impunidad sigue reinando. El ciudadano común ya no confía, pierde expectativas y recurre poco a pelear por sus derechos que deben ser garantizados por el acceso a una justicia para todos. Pero esta vez fue diferente. La lectura de la sentencia generó una reacción de adhesión de la ciudadanía a los campesinos procesados, por la injusticia de la condena y las violaciones procesales. La condena sin argumentos que la sustenten fue muy cuestionada.

Con todo esto pierde el país porque tarde o temprano se demostrarán fehacientemente la parcialidad de la justicia paraguaya, la violación de los derechos humanos, la arbitrariedad del proceso y de las condenas del caso Curuguaty. Los campesinos están decididos a llegar a los organismos de defensa de derechos humanos cuyos tratados internacionales firmó Paraguay, donde se revisará el caso. Entretanto, se deberá recurrir a todas las instancias jurisdiccionales de nuestro estamento judicial. Estas tienen la opción de revisar la sentencia de primera instancia y otorgar la absolución, de modo a reparar el estadio de injusticia actual y evitar que un nuevo caso condene internacionalmente a nuestro país. ¿Será capaz la justicia, de hacer justicia?

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